Sigue la batalla de la Ley Sinde

La Ley de Economía Sostenible (LES), más comúnmente conocida como Ley Sinde, destinada a proteger la propiedad intelectual con el fin de acabar con el intercambio no autorizado de archivos, vuelve a avivar la lucha internáutica-política-parlamentaria, tras resucitar en el Senado. La nueva ley antidescargas basa su distinción, respecto a la primera que se aprobó, en que tendrá más garantías judiciales y esto ha propiciado que el PSOE tuviera el apoyo del PP y de CIU.

Esto se traduce en: si antes el propietario de los derechos de autor denunciaba que su obra estaba siendo descargada de forma no autorizada en la Red, la Comisión de Propiedad Intelectual, dependiente del Ministerio de Cultura, identificaba quién era el responsable y juzgaba si cerrar o no la página. Ahora, en cambio, una vez se haya identificado la página “pirata” pasará a disposición judicial.

PP y CIU que  en un principio no apoyaban la aprobación de esta ley, ahora han cambiado de opinión. Por un lado, los populares alegan que la nueva ley defiende tanto los derechos de los creadores como las garantías fundamentales de la red, relacionadas con la libertad de expresión, sobre todo. Por el otro, CIU, argumenta que, con la autorización judicial, se acaba con el sistema de “patada en la puerta” del modelo original, gracias a la presencia de un juez “imparcial”.

Para la comunidad de internautas, la LES, con origen en el 2007 porque el Gobierno quería acabar con las descargas ilegales y presionado más tarde por EEUU por considerarlo poco contundente, sigue sin gustar. A su juicio, atenta contra la libertad de expresión al permitir el cierre de webs en función de si su contenido atenta contra los derechos de autor. Además, Álex Iglesias, el presidente de la Academia de Cine, se suma a las críticas de los internautas, al considerar que esta ley “no conviene a nadie”.

Esta normativa aún tardará en entrar en vigor, si es que entra algún día, ya que la enmienda consensuada entre PSOE, PP y CIU aún tiene que ser debatida en comisión en el Senado, ir a pleno y pasar por el Congreso de Diputados donde en teoría se ratificará definitivamente.