La Ley de Economía Sostenible (LES), más comúnmente conocida como Ley Sinde, destinada a proteger la propiedad intelectual con el fin de acabar con el intercambio no autorizado de archivos, vuelve a avivar la lucha internáutica-política-parlamentaria, tras resucitar en el Senado. La nueva ley antidescargas basa su distinción, respecto a la primera que se aprobó, en que tendrá más garantías judiciales y esto ha propiciado que el PSOE tuviera el apoyo del PP y de CIU.
Esto se traduce en: si antes el propietario de los derechos de autor denunciaba que su obra estaba siendo descargada de forma no autorizada en la Red, la Comisión de Propiedad Intelectual, dependiente del Ministerio de Cultura, identificaba quién era el responsable y juzgaba si cerrar o no la página. Ahora, en cambio, una vez se haya identificado la página “pirata” pasará a disposición judicial.
PP y CIU que en un principio no apoyaban la aprobación de esta ley, ahora han cambiado de opinión. Por un lado, los populares alegan que la nueva ley defiende tanto los derechos de los creadores como las garantías fundamentales de la red, relacionadas con la libertad de expresión, sobre todo. Por el otro, CIU, argumenta que, con la autorización judicial, se acaba con el sistema de “patada en la puerta” del modelo original, gracias a la presencia de un juez “imparcial”.
